Por: Eneida Saraí Quiroz Espíndola.
De acuerdo con lo publicado por el sitio web La Nación.Com el gobierno de Argentina expresó su compromiso con la inmigración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia donde organizaciones civiles lo acusaron de promover la xenofobia, el «racismo institucional», la marginalización y la criminalización de migrantes con el decreto migratorio firmado por Mauricio Macri a fines de enero.
«Somos un país de puertas abiertas y el inmigrante que llega y respeta las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece», afirmó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , ayer, en una de las tres audiencias que hubo en la CIDH referidas a la Argentina.
Avruj lideró una delegación de la Casa Rosada que viajó a Washington con una doble misión: responder a las críticas y las dudas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) migratorio y a las denuncias sobre represión de protestas y de la sindicalización en la provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales.
El endurecimiento de la política migratoria por decreto, una reforma que el Gobierno justificó en su lucha contra el crimen, provocó críticas, generó malestar de los gobiernos de Bolivia y Paraguay y preocupación en la CIDH, que decidió llamar a una «audiencia de oficio» para discutir la medida, al igual que hizo con la iniciativa del gobierno de Donald Trump para prohibir el ingreso de viajeros de seis países musulmanes y de refugiados y acelerar las deportaciones.
Avruj dijo que el decreto de Macri no apunta a «perseguir migrantes». «No es más que el respeto del Estado de Derecho. No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos», afirmó.
El director nacional de Migraciones, Horacio García, fue más enfático al recordar que Macri había radicado a «un cuarto de millón de personas» y que la Argentina quería más inmigrantes y hacía «un esfuerzo superlativo» para honrar su historia migratoria ante un mundo que se cerraba. «Si tenemos 40 millones de personas en la Argentina, podemos recibir 40 millones de personas más», sentenció, sobre el final de la audiencia. «La Argentina no copia modelos, tiene un modelo propio, y la vamos hacer respetar entre todos», agregó.
El ida y vuelta había sido respetuoso, pero con acusaciones duras. Los organismos de derechos humanos pidieron a la CIDH que abogara por la derogación del decreto. Diego Morales, del CELS, dijo que la iniciativa del Gobierno transformó la ley de migraciones «en una ley restrictiva de los derechos humanos». Gabriela Lisvori, de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), afirmó que el decreto favorece la xenofobia y el racismo, aumenta la marginalización y pone en riesgo los derechos del niño.
Nesumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi), acusó al gobierno nacional de reactivar el «racismo institucional» al criminalizar a los migrantes. «Al vincular la inmigración con el crimen, el DNU viene a reactivar el racismo institucional», fustigó.
Una de las preocupaciones centrales de las organizaciones civiles es cómo se cumplirá con el respeto al derecho al debido proceso, y que, con el decreto, los delitos menores podrían derivar en la deportación de extranjeros. Morales puso como ejemplo a un extranjero arrestado en una protesta por resistir a la autoridad que podría ser deportado.
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