UNINTERPress

La administración de Donald Trump ha dejado una marca indeleble en la historia de la política migratoria de Estados Unidos.

En enero de 2025, al inicio de su segundo mandato, Trump implementó una serie de decretos sobre políticas migratorias, generando un profundo impacto social y político en Estados Unidos y, particularmente con los migrantes latinos, provocando una oleada de críticas y preocupaciones sobre los derechos humanos. 

Las redadas masivas, las deportaciones de trabajadores y la eliminación del Programa de Parole de Reunificación Familiar Cubana (CFRP), han evidenciado una estrategia que afecta a cientos de miles de inmigrantes, dejando en incertidumbre a más de medio millón de beneficiarios, quienes ahora enfrentan el riesgo inminente de deportación sin opciones claras para regularizar su estatus. 

Datos dados por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), informan que en Estados Unidos habitan aproximadamente 13,5 millones de personas sin estatus legal.

Sin embargo, en el caso de México, 9 de cada 10 mexicanos son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados.

Una de las acciones más destacadas fue la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, lo que permitió la movilización de tropas para reforzar la seguridad y frenar la inmigración irregular. Esta decisión se basó en la percepción de una «invasión» en la frontera, a pesar de que las cifras de cruces ilegales habían disminuido en los meses previos. 

Historias como las de los trabajadores deportados a Tijuana revelan la crudeza de estas medidas. Individuos que desempeñaban labores esenciales en plantaciones y otros sectores fueron detenidos mientras trabajaban y enviados de vuelta a México sin la posibilidad de recoger sus pertenencias. «Nos agarraron trabajando», relataron algunos al llegar a la frontera, poniendo en evidencia la falta de consideración hacia sus aportaciones a la economía estadounidense.

Además, Trump firmó un decreto para eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, medida que fue rápidamente bloqueada por un juez federal por considerarla inconstitucional.  

Otro hecho fue la disputa comercial entre el país americano y Colombia, luego de que el presidente de la nación sudamericana, Gustavo Petro, rechazará la llegada de aviones militares con deportados. Trump respondió con sanciones inmediatas, como la anulación de visas para funcionarios del gobierno de Petro. Sin embargo, países como Guatemala, ya han recibido alguno de estos vuelos.

Estas políticas impactan profundamente en la comunidad latina, generando temor, incertidumbre violaciones de derechos humanos y aumento de xenofobia. La historia de Estados Unidos está profundamente entrelazada con la inmigración, y las políticas actuales deben reflejar los valores de inclusión y justicia que han sido fundamentales en la construcción de la nación. 

Proteger las fronteras no debería significar destruir vidas ni fracturar comunidades, es posible implementar medidas firmes sin recurrir a la exclusión y el odio. Migrar no es una decisión ligera, pero si un derecho humano.