UNINTERPress

Basémonos en el año 2003 en el mes de octubre, en donde nuestra Asamblea General aceptó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es decir, la famosa Convención de Mérida. Dicha convención fue firmada el 9 de diciembre de ese mismo año y ratificada el 20 de julio de 2004.

Con el fin de generar conciencia y “luchar” contra la corrupción, ¿Y por qué no? la Asamblea nombra el 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción. Y, por cierto, el lema que se utiliza en la actualidad es “Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción”. Algo que realmente te pone a pensar, si en verdad esa frase tiene algún funcionamiento.

Por eso vamos a basarnos en las estadísticas que existen, y es que, las distintas organizaciones internacionales y nacionales muestran a nuestro querido país con uno de los índices más elevados. Un ejemplo, en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, México se encuentra en la posición 124 de 179 países encuestados. Entonces, con esto podemos entender que nuestra realidad es demostrada por la sociedad mexicana, en donde, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), posiciona este problema en el segundo lugar de temas que generan mayor preocupación y desacuerdo, solamente por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Además, que la corrupción es una de las fuentes principales del lavado de dinero.

Claramente podemos observar una correlación negativa entre lo que es la corrupción y el desarrollo social y económico. Podemos observar que el INEGI menciona que el 16 por ciento de la sociedad ha llegado a experimentar un evento de corrupción en 2019. Esto en los puntos de realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades. Con esto llegamos al punto que la corrupción tiene un costo de 3 mil 822 pesos, que es lo que una persona sufre de perdida.

Gracias a esta situación, el desarrollo de una campaña o una ley que luche contra la corrupción no tendrá éxito alguno, más bien muestra que es un obstáculo mayor para poder reducir o controlar los altos índices de pobreza.

Pero observemos el costo que conlleva la corrupción, y es que podemos observar la calidad de nuestros servicios públicos de salud que se bridan, educación, procuración de justicia, entre otros. Pero lo más importante, la calidad de vida de las personas. Con esto podemos entender que se necesita de una fuerza política de tres poderes en donde realmente exista un castigo en contra de todos aquellos servidores públicos que buscan beneficio propio para ellos.

Sin duda, creo fielmente en que en algún momento de nuestra historia existirá esa ley o esa campaña que en verdad tomará las riendas y hará de nuestro país con menos índices de corrupción, con una mejor calidad de vida para nosotros y por supuesto con un mejor funcionamiento de servicios públicos.

Gerardo Antonio Ruiz Cortés