UNINTERPress

Por: Valeria Beltrán.

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de Diariodemorelos.com a más de dos meses de que los diputados de la LIV Legislatura protestaron en el cargo y prometieron “hacer justicia” por los abusos y excesos en los que incurrieron sus antecesores, han sido más las declaraciones que las acciones.

La primera acción de los diputados y diputadas fue una declaración sobre el quebranto financiero y administrativo en el que la ex vicepresidenta de la Mesa Directiva, en funciones de presidenta, Hortensia Figueroa Peralta, les entregó el Congreso.

Fue después de que la perredista se presentó a iniciar el proceso de entrega-recepción, el 6 de septiembre; entonces, el presidente Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acompañado de las diputadas de las diez fuerzas políticas, revelaron que los ex diputados se repartieron 46 millones de pesos en los últimos días de su gestión, con el cobro de cheques de 170 mil a 500 mil pesos.

Figueroa Peralta les había dejado en caja sólo dos mil pesos para operar y deudas por más de 65 millones de pesos.

Después siguieron las declaraciones sobre el saqueo del mobiliario y los objetos de valor de la sede legislativa, así como de las condiciones en las que quedó la construcción del inmueble.

Fuer hasta el 16 de octubre, cuando Sotelo Martínez promovió la primera denuncia penal contra quien resulte responsable por desvío de recursos, ante la Fiscalía General del estado y desde entonces, los diputados han hecho responsable de aplicar las sanciones a las que haya lugar, al fiscal Uriel Carmona Gándara.

Otra acción legal fue la denuncia que el 31 de octubre el bloque de siete diputados, encabezados por los del PT, interpuso en la Fiscalía Anticorrupción contra los tres diputados que estuvieron al frente de la Mesa Directiva en la LIII Legislatura, la presidenta del Comité de Vigilancia, Silvia Irra y Julio Espín Navarrete.